Tras las revelaciones abrumadoras sobre los delitos sexuales cometidos por sacerdotes, obispos y laicos, les toca ahora a las religiosas ser cuestionadas por la serie documental flamenca «De nonnen» («Las monjas»), emitida en VTM. Los testimonios recopilados describen un sistema de terror, maltratos físicos y psicológicos, secuestros de niños, partos anónimos, adopciones forzadas y suicidios de jóvenes internos en orfanatos, refugios e instituciones gestionadas por congregaciones religiosas. Estas revelaciones se suman a una larga lista de delitos cometidos dentro de la Iglesia católica, con una impunidad casi total y con la complicidad pasiva, o incluso activa, de los Estados.
Un régimen de terror institucionalizado
Los primeros episodios de «De nonnen» revelan el horror que vivieron los niños y las niñas bajo la responsabilidad de las Hermanas de San Vicente en un antiguo convento de Zelem (Halen) hasta la década de 1970. Violencia física y psicológica, castigos asimilables a la tortura, desapariciones sospechosas: estas prácticas no son casos aislados, sino el reflejo de un sistema de dominación y crueldad organizado. La ministra flamenca de Justicia, Zuhal Demir, tiene razón al subrayar que la Iglesia ha demostrado, en repetidas ocasiones, que no es «un socio fiable». Exige que el acompañamiento de las víctimas se confíe a expertos independientes y que se aclare lo sucedido, en particular la averiguación de la existencia de «tumbas anónimas», como las descubiertas en Irlanda, donde cientos de bebés muertos en instituciones católicas fueron enterrados en fosas comunes.
La impunidad, cómplice de los delitos
La Iglesia católica no tiene el monopolio de los abusos, pero su magnitud en los países donde es dominante es desproporcionada. En todos los lugares donde se han llevado a cabo investigaciones, se han identificado miles, decenas de miles de víctimas, y se han descubierto redes de delitos sexuales, de depredación, de robo y de venta de niños. Sin embargo, a pesar de la magnitud de los hechos, la institución eclesiástica sigue gozando de impunidad de facto, e incluso de jure, en muchos países, incluida Bélgica. Los concordatos y acuerdos tácitos con los Estados protegen a los responsables, mientras que a las víctimas se les niega la justicia y la reparación que les corresponde por los daños sufridos.
La complicidad del Estado en cuestión
En un comunicado conjunto con el BELP, en 2022 (aquí), afirmábamos que «los hechos masivos y repugnantes y la criminal ley del silencio de la jerarquía católica plantean problemas jurídicos, políticos e institucionales». Las sucesivas revelaciones plantean una pregunta fundamental: ¿por qué los sucesivos gobiernos, las fiscalías y las instituciones judiciales han cerrado los ojos durante décadas? ¿Por qué se sigue tratando a la Iglesia católica como a una institución por encima de la ley, cuando sus delitos están documentados, son masivos y sistemáticos? Hoy en día se señala la complicidad del Estado belga, en todos los niveles. Los propios fieles, en abierta rebelión, exigen condenas penales, indemnizaciones acordes con los daños sufridos y abandonan masivamente la Iglesia.
Es hora de actuar Ante la criminal ley del silencio de la jerarquía católica y la inacción criminal del Estado, exigimos:
- La separación de la Iglesia y el Estado y, por lo tanto, el fin de la financiación de los cultos y sus obras (escuelas, hospitales, orfanatos, maternidades, etc.) y no una mención de la laicidad en la Constitución para tapar el hecho de que nada cambia.
- El fin de la impunidad: que todos los responsables, ya sean clérigos, religiosos o laicos, sean juzgados por la justicia civil, sin privilegios ni fueros.
- La verdad y la reparación: que se lleven a cabo investigaciones independientes, que se abran los archivos de la Iglesia y que las víctimas reciban una indemnización íntegra, financiada por la institución culpable y no por el contribuyente.
- El fin de los privilegios: que el Estado deje de tratar a la Iglesia católica como una entidad intocable y asuma plenamente su papel de garante de la justicia para todos. ¿Acaso no se ha puesto bajo tutela al culto islámico por no garantizar la paridad entre hombres y mujeres en su ejecutivo?
No dejaremos que estos crímenes caigan en el olvido. Las víctimas merecen justicia. La población merece la verdad. La Iglesia católica y sus servidores deben responder por sus crímenes ante los tribunales civiles, como cualquier otra organización criminal.
La Iglesia católica tiene recursos para pagar, debe pagar.
El CLP/KVD y el BECLP hacen un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que apoyen y se unan al Congreso Internacional de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP), que se celebrará en Grenoble y Lyon los días 10 y 11 de octubre de 2025 y que ha puesto esta cuestión en el centro del debate.
En Bruselas/París, el 1 de septiembre de 2025
Información e inscripciones para el Congreso de la AILP en: https://internationalfreethought.org/ixe-congres-ailp-programme/
y en Bélgica, en el CLP/KVD: clp.kvd@gmail.com – https://www.clp-kvd.org/
Sobre el BECLP: c/o Libre Pensée 10, rue des Fossés-Saint-Jacques – 75005 PARÍS beclp@laposte.net
